Las instituciones de educación superior que afrontan conflictos en torno a Israel y Gaza tienen dos deberes que a veces se presentan como opuestos. Deben proteger la expresión, incluso cuando el discurso sea airado u ofensivo. También deben actuar cuando el acoso o la conducta discriminatoria niegan al alumnado la igualdad de acceso a la educación. Una política universitaria sólida comienza por tener presentes ambos deberes.
Esta distinción importa para todos los grupos estudiantiles. Tratar toda protesta como intimidación puede reprimir la expresión protegida. Tratar cada incidente denunciado como una mera cuestión política puede dejar a los estudiantes afectados sin una protección efectiva.
El Título VI prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en la educación financiada con fondos federales. Las directrices del Departamento de Educación explican que esta protección puede extenderse a la ascendencia compartida o a las características étnicas, incluidos los estudiantes judíos, musulmanes, árabes, israelíes o palestinos. Entre los materiales pertinentes se encuentran la carta a la comunidad educativa de la OCR sobre ascendencia compartida, sus expedientes de investigaciones sobre ascendencia compartida y la carta del 3 de mayo de 2024 del secretario de Educación a las instituciones universitarias.
La aplicación de las normas de derechos civiles no autoriza a una institución pública a silenciar la expresión protegida. Las directrices de la OCR sobre la Primera Enmienda reconocen esa limitación. Por ello, los administradores deben distinguir la defensa de una causa protegida, incluso cuando resulte ofensiva, de las conductas que crean un entorno hostil o impiden la participación en condiciones de igualdad.
Tres preguntas prácticas ayudan a evaluar la respuesta de una institución:
- ¿Pueden los estudiantes denunciar un incidente mediante un proceso claro y saber qué ocurrirá después?
- ¿Se aplican las normas de conducta de manera uniforme a los distintos grupos políticos e identitarios?
- ¿Puede la institución proteger la protesta y, a la vez, responder a amenazas, intimidación u obstrucción?
Las resoluciones y los resúmenes públicos de la OCR disponibles en su sala de lectura muestran qué puede examinar una revisión federal: políticas, expedientes de denuncias, capacitación del personal, condiciones del campus y cumplimiento de los cambios prometidos.
OZJF aborda el clima universitario como una cuestión de derechos civiles y gobernanza, no como una disputa indirecta sobre la guerra. La medida útil es si una institución protege la igualdad de acceso, investiga el acoso con cuidado y aplica sus normas de una manera que los estudiantes puedan entender y en la que puedan confiar.